Más importante inclusive que la propia ley universitaria es que en el país rija la gobernabilidad, y esta se logra en parte a través de los acuerdos políticos.
El Congreso de la República ha señalado fecha para la interpelación de un Ministro: todos sabemos que en el fondo se le cuestiona por ser uno de los impulsores de la ley universitaria vigente, que pretende establecer cierta racionalidad en el régimen académico y de gestión tanto en las universidades privadas tipo sociativas, privadas empresariales y públicas.
Esta interpelación interpuesta atenta claramente contra la gobernabilidad. Estamos a inicios de la gestión del gobierno y es necesaria cierta tranquilidad para que el nuevo gobierno pueda ejecutar sus planes y proyectos, y pueda gestionar el país con un mínimo de eficiencia.
No se trata de imponer una mayoría congresal, sino de establecer relaciones fluidas entre los poderes del Estado: en este caso el Ejecutivo y el Legislativo.
Si no hay una comprensión que cada poder del Estado tiene un objetivo que es el bienestar de la nación entonces nos encontramos en que un poder del Estado u otro hace prevalecer su opción por intereses particulares, antes que el bienestar nacional.
Lo que ha ocurrido en este caso es que no ha habido un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el Poder Legislativo dominado por una mayoría numérica pone contra la espada y la pared la estabilidad necesaria que requiere el Poder Ejecutivo.
Si se da este abuso de uno de los poderes del Estado es lógico pensar que el Poder Ejecutivo no debe acatar el procedimiento establecido en el artículo 131° de la Constitución Política que regula la interpelación.
No solamente debemos abstenernos de ser partícipes de un escándalo organizado por el Legislativo, sino que por encima de todo está el bienestar de la sociedad, y no la defensa de intereses privados de empresarios de la educación representados por un grupo que excede largamente de más de la mitad del número legal de congresistas de la totalidad del pleno.
Frente a estas circunstancias, al no haber llegado a un acuerdo político el Ejecutivo y el Legislativo no consideramos que desacatar la asistencia a esta interpelación u otras en el futuro afectará la gobernabilidad, ya que el propio Congreso de la República puede ser expuesto a su disolución, de acuerdo al artículo 134° de la misma Constitución Política del Estado.
En este sentido y en este caso el Ejecutivo debe explicar a la opinión pública y a la ciudadanía el por qué no debe acatar dicha interpelación, usando los medios de comunicación a fin de que estos den a conocer las razones reales de la interpelación.
Aun en la hipótesis de renuncia anticipada del Ministro sujeto de interpelación, sabemos de antemano que mientras no se logre un acuerdo político consensuado habrá futuras interpelaciones cuyo único objetivo es la defensa de derechos privados, razón por la cual es importante que el Ejecutivo evalúe la gravedad de la crisis generada por el Legislativo.
Ya sea por una falta de cálculo de los voceros de la mayoría congresal o por una falta de iniciativa de los propios asesores del Ejecutivo nos encontramos frente a un Gobierno Nacional débil que genera inseguridad a la sociedad. Por ello nos permitimos formular que si no hay un interés de buscar el bienestar del país entonces el Poder Ejecutivo cuya obligación es dar seguridad a la población debe desacatar la interpelación, informando y educando a los peruanos. Si sigue demostrando debilidad es de esperarse que finalmente no le permitan cumplir con sus acciones y programas y sobre todo que no le permitan gobernar el país. Ojalá que los representantes de ambos poderes del Estado logren permanentes acuerdos políticos durante los próximos casi 5 años.
Pedro Germán Núñez Palomino
